Los caseros evitarán el control de precios de la Ley de Vivienda a través del alquiler temporal o turístico

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia. Una de las medidas más criticadas de dicha normativa es que contempla la regulación de precios de los alquileres en las zonas denominadas tensionadas (aquellas donde más han subido los alquileres en poco tiempo).

Ante la inminente llegada de esta temida ley intervencionistas, los propietarios de viviendas ya han comenzado a mostrar su preocupación. Algunos ya están valorando vender sus inmuebles y otros estudian diferentes alternativas. Como, por ejemplo, alquilar su piso como turístico. «No vale, ni mucho menos, para todos los casos. En los destinos más populares y en zonas muy concretas de estas localidades, este tipo de alquiler puede ser la fórmula más rentable. No obstante, tras la llegada de la pandemia, esta modalidad no ha podido superar el 2% del total de las viviendas en alquiler», asegura Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria.

Esta modalidad de alquiler queda excluido de la nueva Ley de Vivienda. Pero tiene algunos inconvenientes como la ardua gestión y la necesidad de contar con una licencia turística aprobada por la comunidad autónoma donde se ubique el inmueble.

Por otro lado, el experto explica que otra solución es el alquiler temporal o por meses. Se trata de una forma de lograr unos ingresos extra y seguir manteniendo la vivienda en propiedad, sin necesidad de venderla. “Este contrato está diseñado para dar respuesta a las necesidades de vivienda no permanentes del arrendatario, sino para cubrir esta necesidad cuando existen motivos laborales o de formación, entre otras”, comenta Duque.

El sector del alquiler, en contra

Desde el sector del alquiler defienden que limitar los precios de arrendamiento va a tener consecuencias como: encarecimiento de la vivienda e impulso de la economía sumergida; discriminación del inquilino con menos capacidad económica; inseguridad jurídica; abandono del parque de alquiler y salida de la inversión en nuestro país. De hecho, los expertos vaticinan que habrá mayores dificultades de acceso para los colectivos con menores recursos, como los jóvenes o familias en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA) considera que «el anteproyecto aprobado es un documento que ha nacido para ser fallido, está lleno de medidas inconexas, con sesgo ideológico, algunas muy posiblemente inconstitucionales, que invade las competencias de las comunidades autónomas y no cuenta ni con el consenso necesario dentro del propio gobierno».

Para la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) esta medida, que regula el parque de vivienda en alquiler en manos de propietarios con más de 10 inmuebles en alquiler, supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual. Además, la patronal
califica como «discriminación legal» para aquellos propietarios que
tienen diez o más inmuebles. «Supone una segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española», asevera.